Foto: Dani Pozo

El Congreso debate hoy la reforma de la Ley de Extranjería. Los colectivos de ayuda critican que criminaliza al sin papeles y lo convierte en mercancía.

J. BASTANTE / D. AYLLÓN. El proyecto de Ley de Extranjería (LOEX) que hoy se debate en el Congreso de los Diputados "cosifica al ciudadano extranjero no comunitario y lo asimila a una mera herramienta de trabajo". Es la denuncia que hicieron pública ayer las principales entidades sociales que trabajan con los inmigrantes, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge, en un comunicado conjunto. El texto ha sido asumido también por USO y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

La nueva Ley de Extranjería (la cuarta modificación que sufrirá el texto en nueve años) aumenta las restricciones para alcanzar "una inmigración más ordenada", según han manifestado en reiteradas ocasiones los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

El discurso vincula el proceso migratorio a la posesión de un contrato de trabajo. Las ONG y asociaciones de inmigrantes denuncian que la nueva ley restringe también las libertades y derechos de los extracomunitarios.

Los apartados más polémicos son cuatro. El principal y que más críticas ha levantado es el aumento de 40 a 60 días de los encierros en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Los otros tres están relacionados con los derechos y las sanciones: sólo se podrá reagrupar a los cónyuges, hijos y ascendientes mayores de 65 años; los sin papeles víctimas de violencia de género serán expulsados si no se demuestran los malos tratos; y se multará con hasta 10.000 euros favorecer la estancia de un inmigrante en situación irregular.

"Hay una obsesión por el control y por la seguridad", subrayó Alfredo Abad, secretario general de CEAR, quien añadió que "algunos aspectos del proyecto de Ley son claramente inconstitucionales".

Para Cáritas, CEAR y Acoge, el proyecto de reforma supone "un retroceso legal en toda regla" y aportan cuatro motivos "fundamentales".

Las organizaciones aseguran que la política de inmigración se regula "respondiendo a la crisis", se cambia la normativa "a la baja" en cuanto a garantía de derechos y refuerza "la percepción del inmigrante como mercancía". A su juicio, estos factores dificultan la integración y alimentan una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.

Respecto al endurecimiento de los internamientos y las sanciones, las organizaciones recuerdan: "No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente". No obstante, admiten que la reforma es necesaria, pero para que sea "entendida como una oportunidad" para construir "una mejor sociedad de acogida" y potenciar los valores de "la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración".

Después de un lento proceso de negociación, el Gobierno sacará adelante la ley, presumiblemente, con los votos a favor de Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC).

El portavoz de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, se reunió ayer con el ministro Corbacho para "ultimar detalles" antes de la votación de hoy. Aunque las negociaciones no comenzarán oficialmente hasta después del debate, el líder catalán aseguró que encontró al Gobierno "muy abierto" a sus propuestas.

Las reivindicaciones de CiU cuyos 10 votos resultan claves para la aprobación pasan por que las comunidades autónomas tengan más participación en los procesos vinculados a la reagrupación familiar, el arraigo y la contratación en origen. Además, el grupo quiere potenciar las segundas lenguas como elemento de integración.

Las opciones de que el grupo socialista encuentre apoyos en el resto de grandes grupos parlamentarios es muy reducida: PP, ERC-IU-ICV y PNV presentaron a principio de verano tres enmiendas a la totalidad de la ley.

Cáritas, CEAR y Acoge tampoco consideran oportuno el momento de crisis económica en el que se ha realizado la reforma. El documento que hicieron público ayer (que ha sido presentado a todos los grupos parlamentarios, aunque ni PP ni IU han recibido todavía a las entidades sociales) alerta del riesgo de que se realicen "lecturas inadecuadas" de la crisis económica. Así, temen que se puedan "vincular, de manera simplista y peligrosa, crisis e inmigración".

Las sentencias del Tribunal Constitucional y la adaptación a la normativa europea son dos de los argumentos principales que se han presentado para justificar la reforma. "En ellos, no encontramos explicación para el recorte de derechos que se ha introducido", reivindican las ONG.

Pese a todo, valoran que el nuevo texto reconozca los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular. Aunque a la vez temen que se aproveche la ocasión para recortar otros derechos. Los más vulnerables son el acceso al empadronamiento, el derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos, el acceso al derecho a justicia gratuita o la reagrupación familiar.

"La reforma nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia", objetaron los responsables de estas entidades. El comunicado concluye respecto a la actual redacción de la norma: "Perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes".

 

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