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La organización censura al Gobierno y denuncia el «acoso institucional» que sufren los inmigrantes en España.

A. P. COLPISA. MADRID. El ejercicio 2008 fue un mal año para la integración social de extranjeros e inmigrantes en España. La crisis económica y el «acoso institucional» por el endurecimiento de las leyes de extranjería se han cebado con los foráneos y crean un caldo de cultivo peligroso que puede alentar el racismo social. Lo dice SOS Racismo en su último informe anual, en el que denuncia la vulneración de derechos, el recorte de políticas sociales e integradoras y el abandono progresivo de los inmigrantes a su suerte por parte de las administraciones españolas.

«Durante 2008 ha habido un cambio en el discurso del Gobierno», que empezó con la modificación del nombre del Ministerio de Trabajo (e Inmigración), siguió con la designación de su nuevo titular, Celestino Corbacho, y con una serie de medidas que restringen el permiso de residencia sólo a trabajadores con contrato, explicó Javier Ramírez, portavoz de la Federación de Asociaciones de SOS Racismo. «Los inmigrantes son tratados sólo como trabajadores. Ahora que no hay trabajo, sobran los inmigrantes», añadió.

Los autores del decimocuarto informe de SOS Racismo creen que, por sí misma, la crisis económica no implica un aumento del racismo y la xenofobia. Lo que sí puede atizar ese incendio social es la gestión política y económica que se haga de este bache, y «la política y los discursos del Gobierno están fomentando la xenofobia al vincular crisis e inmigración», destacan.

Una de las medidas más controvertidas, el Plan Retorno Voluntario, puede ser «positivo» a título individual para aquellos inmigrantes en paro que deseen acogerse a él, pero resulta muy criticable por el «mensaje político» que transmite: que los inmigrantes son «un lastre» cuando vienen mal dadas

Apoyo a las víctimas

La reforma en curso de la Ley de Extranjería es, además, otro foco de «racismo institucional», a juicio de la organización. Limita el reagrupamiento familiar, aumenta a 60 días el período de internamiento de personas que no han cometido ningún delito y endurece las sanciones a las personas que ayuden a inmigrantes en situación irregular. Y otro tanto dice SOS Racismo de la directiva europea que permite el internamiento de los menores.

A la pregunta de si España es racista, sus portavoces responden por vía indirecta. «No hay mecanismos suficientes para apoyar a las víctimas de racismo y discriminación xenófoba. No forma parte de la agenda política de ningún partido. No es una prioridad», recalca Ramírez. Y la sociedad española «colabora en el discurso que segrega a los ciudadanos por su nacionalidad y su situación administrativa». Según el portavoz de SOS Racismo, las ONG sólo pueden recoger denuncias, «pero el garante de la lucha contra el racismo tiene que ser el estado español, no nosotros», apostilla.

El informe denuncia asimismo casos de persecución al colectivo gitano que, sin llegar al extremo de Italia, revelan un agravamiento en la discriminación de este pueblo en España. El desinterés por la suerte de los inmigrantes menores no acompañados, o por el destino de los extranjeros devueltos a sus países de origen sin la menor garantía, y la «continuidad de las agresiones y abusos por parte de los cuerpos de seguridad» en el trato a inmigrantes son otras de las críticas repartidas a lo largo del informe hecho público este miércoles de forma simultánea en varias capitales españolas.

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