Tonu Gisbert y Esteban Ibarra. Foto EFE

Uno de cada cuatro escolares expulsaría de España a los provenientes de América.

Lorena Sebastián/Valencia. El racismo en las aulas crece contra latinoamericanos y asiáticos. En concreto, el 24,7% de los escolares expulsarían de España a los latinoamericanos, mientras que un 23% haría lo mismo con los asiáticos. Así se desprende del último Informe Raxen elaborado por el Movimiento Contra la Intolerancia que se presentó ayer en Valencia.

El estudio recoge la opinión vertida por los estudiantes en la encuesta escolar sobre Actitudes ante la inmigración y cambio de valores realizada en 2008 por el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (Cemira) de la Universidad Complutense de Madrid.

Por primera vez son los marroquíes los más perjudicados por la intolerancia, desplazando del ranking a los gitanos, que era el colectivo con mayor grado de rechazo hasta ahora. El 39,1% de los escolares encuestados echaría a los marroquíes del país, mientras que a los gitanos los expulsarían un 27,4% de los encuestados.

En tercer y cuarto lugar les siguen los latinos y los orientales, mientras que los negros de África y los judíos van a la cola de esta lista xenófoba con valores que oscilan entre el 21,6% de los negros y el 18,8% de los hebreos.

El Informe Raxen recoge los estudios del Cemira, el Injuve, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se analiza la realidad que nos rodea desde el punto de vista de la xenofobia y la intolerancia social y llega a la conclusión de que aumenta de forma alarmante, más aún si se considera que no hay políticas específicas contra «la potente agitación xenófoba de la nueva ultraderecha».

Internet.

El presidente de la asociación Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, alerta también de la capacidad de internet para propagar las ideas neonazis, puesto que ya se cuentan 200 webs de este calado y la respuesta institucional sigue siendo «indolente ante la infección neonazi».

Unidades especiales de Policía y una Fiscalía específica que persigan este tipo de violencia serían, según Ibarra, las medidas institucionales «necesarias» para «aprovechar el retraso con el que cuenta España, porque todavía no hay un movimiento político consolidado, como en otros países europeos».

Los prejuicios hacia la inmigración, el miedo a la pérdida de identidad cultural y, sobre todo, la deficitaria preparación de la sociedad española para la diversidad «posibilitan un escenario social potencialmente utilizable por organizaciones que basan su propuesta en el populismo xenófobo y en la intolerancia extrema», aseguró Ibarra.

Ultras y neonazis

El número de agresiones de los grupos ultras y neonazis suben como la espuma, al igual que el de denuncias por agresiones homófonas, que se ha multiplicado por cuatro en el último año, siendo el perfil del agredido el de un hombre de entre 18 y 25 años de edad.

Además, en los últimos años se han registrado incidentes y agresiones en más de 250 municipios españoles que afectan a todas las autonomías, concentrándose, sobre todo, en ocho comunidades autónomas: Valencia (donde se producen la mitad de los incidentes), Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-León y Murcia.

En total, se calculan alrededor de 4.000 agresiones al año, aunque muchas no se denuncian por miedo y, según Esteban, más de 10.000 personas pertenecen a grupos ultras y extremistas en España.

Pese a este escenario, Ibarra reconoció «el paso serio» que ha dado la Fiscalía de Valencia al permitir a las víctimas de este tipo de violencia denunciar sin precisar su domicilio, un requisito que frena el número de recursos de este tipo por «miedo» a ser localizados.

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