Hasta hace pocos años, estar a favor de la multiculturalidad solía ser una posición progresista más, algo que no requería demasiadas explicaciones (como la de estar contra las guerras, ser ecologista o demócrata). Hoy en día, sin embargo, partidos, sindicatos, medios de comunicación y encuestas de opinión reflejan posiciones más precavidas. Este camino es ya de por sí un síntoma sobre la percepción de la complejidad del tema. Las posiciones simples no suelen casar bien con el creciente pluralismo de las democracias actuales.
Por otra parte, en el mundo académico parece ya muy admitido que los problemas culturales son irreductibles a causas sociales. Es cierto que se dan interrelaciones entre ambas esferas, pero se trata de fenómenos distintos que remiten a valores, objetivos, instituciones, prácticas y políticas diversas. También parece claro que muchas identidades culturales han sido históricamente marginadas, y que los estados siempre imponen rasgos culturales y lingüísticos particulares. Y que la libertad cultural es en sí misma un fin democrático ( con límites en otros valores y otras libertades) (Informe sobre desarrollo humano, ONU2004).
Reitero las dos actitudes que ya he desarrollado en anteriores artículos, para tratar el tema multicultural: 1.- enfocarlo como cuestión práctica, cuyo objetivo es evitar los conflictos de la forma menos traumática posible ( actitud pragmática), o 2.- entenderlo como una cuestión de justicia que requiere soluciones correctas (actitud moral). Ambas actitudes suelen mezclarse en la política práctica. Desde la segunda actitud, se han mantenido, además, dos visiones contrapuestas: 1.- considerar que lo privado (como las religiones) debe quedar al margen de la esfera pública (modelo republicano francés), y 2.- admitirse cualquier tipo de privacidad en la esfera pública mientras no se cuestionen los derechos humanos y las instituciones democráticas (modelo canadiense). Los demás casos ocupan posiciones intermedias entre los dos.
El reconocimiento del multiculturalismo apareció a finales de los años sesenta, principalmente en Canadá y Australia. En Europa fue adoptado por el Gobierno sueco a finales de los setenta. Holanda lo adoptó en su política de minorías. El Reino Unido, autopercibido como un pais multicultural, ha puesto el acento en la lucha contra la discriminación más que en el reconocimiento de las culturas minoritarias. En Notario (Canadá) –en cuya principal ciudad, Toronto, se hablan más de cien lenguas por una población (50%) procedente de más de 165 paises- se ha debatido ( y rechazado) incluso la charla islámica como posible vía de mediación en conflictos de familia (matrimonios, custodia de hijos, herencias). Y también Francia, con una tradición republicana y laica que rechaza símbolos religiosos y culturales ostentosos en la esfera pública ha abierto las puertas al multiculturalismo en algunas políticas locales. Mientras la composición étnica y religiosa de las sociedades fue muy homogénea solía darse por supuesto que si llegaban inmigrantes, éstos debían integrarse, en el sentido de asimilarse, en los patrones culturales de la sociedad receptora (respuesta dada por el Sr. Rajoy a un inmigrante que le preguntó por el multiculturalismo en el programa de TV-1 del día 19/04/07). Al aumentar la magnitud de los grupos inmigrantes-algo siempre presente en EE.UU-la integración pareció entenderse sólo con relación a la esfera pública, manteniéndose en la esfera privada una multiplicidad de costumbres en tanto no supusieran una distorsión de los valores e instituciones democráticas.
Sin embargo, Europa se enfrenta hoy a algo diferente: a una repolitización de lo privado. La reivindicación es estar presente en la esfera pública, de forma más permanente o más explosiva, empezando por los estilos de vestir, alimentación, programas escolares o fiestas oficiales. Perro queriendo ir más allá. Ya no se trataría entonces de integrar a la inmigración, sino de proceder a su acomodación política a partir de sus especificidades culturales. Se marcarían, así, tres fases en el tratamiento de la cuestión: asimilación, integración y acomodación. Las posibilidades y consecuencias de pasar de la segunda a la tercera fase son aún poco claras. Especialmente cuando en los últimos años se dan percepciones negativas de la multiculturalidad: como amenaza a los valores democráticos o a las identidades nacionales; como fuente de inestabilidad e inseguridad, o como un tipo de conflicto irresoluble. Tras estas percepciones están, obviamente, los impactos del 11-S en Nueva Cork (2001), del 11-M en Madrid (2004) y del 7-J en Londres (2005). Pero también está el auge de partidos que asocian inmigración con amenazas a lo propio. Hoy la integración está dejando de ser una palabra mágica ( al igual que la interculturalidad). Queda atrás la pretensión de que su invocación debía solucionarlo todo. Se trata de un término que ha devenido polisémico: hay muchas formas de definirlo, de redicionarlo con valores morales y políticos distintos, y de entender si sólo afecta a los que llegan.
Las diferencias culturales están aquí para quedarse ( y aumentar), y tan negativos parecen la asimilación como el diferencialismo cultural. La racionalidad política exige pluralizar las ideas y promover compromisos prácticos. Los acontecimientos de noviembre de 2005 en Francia evidenciaron un notable fracaso del modelo republicano. Demasiado simple para tanta complejidad. Pero también en el modelo canadiense se ven indicios de conflictividad. Los griegos antiguos sostenían que para subsanar las diferencias de la convivencia sólo cabían dos soluciones: polis y paideia. Es decir, reformas institucionales ( que incluyan, aquí, reformas sociales y coparticipación en las políticas de acomodación cultural), y educación ( hacia pautas culturales compartidas). No parece que hoy dispongamos de muchas más vías de solución. Pero sí contamos con unas democracias que hacen de las libertades individuales y colectivas uno de sus valores centrales, si bien la dimensión cultural de dichas libertades se encuentra todavía muy poco desarrollada.
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