El Comité contra la Tortura de la ONU ha declarado que España violó la convención internacional en los hechos que concluyeron con la muerte de un inmigrante senegalés a quien la Guardia Civil de Ceuta pinchó el salvavidas cuando intentaba entrar en España y se ahogó porque no sabía nadar. Los hechos ocurrieron en la noche del 25 a 26 de septiembre de 2007 frente a las costas de Ceuta, cuando una embarcación de la Guardia Civil, con tres agentes, interceptó a cuatro subsaharianos -tres hombres y una mujer- que intentaban acceder a nado a la ciudad, procedentes de Marruecos.

Según la denuncia, la Guardia Civil los subió a bordo, los trasladó a aguas jurisdiccionales de Marruecos, les pinchó los salvavidas y les obligó a arrojarse al mar, pese a que uno de ellos, el senegalés de 29 años Lauding Sonko, "se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar".

Cuando la Guardia Civil se percató de que tenía dificultades para llegar a la orilla, un agente se tiró al agua y, una vez en tierra, empezó a hacerle masaje cardíaco, pese a lo cual falleció y fue enterrado en el cementerio de Santa Catalina, sin identificación.

La denuncia fue presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyo abogado, el sevillano Alberto Revuelta, ha informado a Efe de que la resolución considera demostrado que los hechos suponen una vulneración del artículo 16 de la Convención contra la Tortura en cuanto constituyen un "trato cruel, inhumano y degradante".

Por ello, ordena que el Estado español "efectúe una investigación adecuada e imparcial de los hechos, persiga y condene a las personas responsables" y conceda una "reparación integral que incluya una indemnización adecuada a la familia del señor Sonko".

El Estado español "debe proceder a una investigación pronta y completa, siempre que haya indicios de actos que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes", añade la resolución.

España argumentó que estos hechos fueron investigados y archivados por un juzgado de Ceuta, pero el Comité dice que el Estado español "debe explicar las circunstancias de la muerte" del inmigrante, pues "con independencia del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado su flotador o a que distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaron la muerte"

Además, el Comité considera que la Guardia Civil impuso al senegalés "sufrimiento físico y mental antes de su muerte, agravada por su particular vulnerabilidad como inmigrante".