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| Foto: Alberto García |
Euskadi está decidida a mantener la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que en la actualidad, sin aplicar la nueva intención del Gobierno central de cobrar por atenderles, pero no va a aprobar un nuevo decreto para ello.
Ania Elorza. De esta forma, según fuentes del Ejecutivo, se evita, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy lleve esa norma al Tribunal Constitucional, como ha hecho en el caso del copago farmacéutico
y del aseguramiento sanitario. El recurso del Gobierno del PP va a
obligar a Euskadi, mientras se resuelve, a aplicar el copago, una medida
que rechazó desde el primer momento, y negar la atención a inmigrantes,
algo que Euskadi sigue asegurando que no piensa hacer en ningún caso.
El Gobierno central aprobó por un Real Decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado
cuáles serán los colectivos que quedarán fuera de la cobertura
sanitaria pública y ya ha empezado a trabajar en la opción que dará a
quienes se queden fuera: que suscriban una especie de póliza con la
sanidad pública, previo pago de 710 euros al año para los menores de 65
años y 1.864 para el resto.
Ante estos nuevos pasos que se materializarían en septiembre —y
dejarían a los inmigrantes sin permiso de residencia pudiendo acudir a Osakidetza
solo en casos de urgencia—, el Ejecutivo vasco se inclina por descartar
la aprobación de un nuevo decreto que les proteja. No será necesario,
según indican fuentes del mismo, ya que basará en legislaciones y
normativas consolidadas desde hace años todas las medidas que tome con
respecto a este recorte de los derechos sociales y también las medidas
que se tomen para paliar el copago farmacéutico en los pensionistas.
Todo ello ahora que los servicios jurídicos del Gobierno autónomo
trabajan para presentar en tres semanas al Constitucional las
alegaciones a la suspensión cautelar por cinco meses del decreto que el
Gobierno vasco aprobó para dejar sin efecto ambos recortes.
El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, aseguró ayer a EL
PAÍS que el marco legal con el que está dotado el País Vasco resulta
suficiente para dar soporte legal a la atención a inmigrantes y otros
colectivos que se quedarán sin atención sanitaria no urgente a partir de
septiembre. El Ejecutivo señaló en un comunicado: “Nuestra propia
capacidad normativa y nuestro autogobierno” dan margen suficiente.
El Gobierno cargó contra las medidas que Rajoy está adoptando en el
ámbito sanitario, que suman buena parte de los enfrentamientos entre los
responsables de ambas Administraciones. Lehendakaritza difundió por la
mañana un comunicado oficial en el que, además de insistir que mantendrá
la asistencia sanitaria a todos los colectivos afectados por el Real
Decreto, considera este como una “regresión hacia un modelo de Seguridad
Social obsoleto y contrario a los principios de cobertura universal y
financiación a través de los impuestos”. El sistema “conduce hacia una
completa centralización del reconocimiento de la condición de
asegurado”, de manera que las comunidades pierden poder, añade.
El texto censura tanto la retirada del aseguramiento a los
inmigrantes sin papeles como a aquellas personas con rentas superiores a
los 100.000 euros anuales —“también pagan sus impuestos”, destaca—. Y
recuerda que se paraliza la inclusión de profesiones liberales en el
régimen general, como los abogados, algo que estaba a punto de ocurrir.
Sus críticas no se quedaron solo en el Gobierno central. También
reprocha a PP, PNV y Bildu, que estén avalando, como ya ha ocurrido en
Álava, que las Diputaciones comuniquen los datos de renta necesarios
para que se establezca el nivel de copago farmacéutico a cada ciudadano.
