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Las declaraciones políticas que están apareciendo en los medios últimamente culpabilizan a los inmigrantes de la situación actual de crisis económica. Por ello, la APDHA y el IDHC denuncian el fomento de este clima de racismo y xenofobia, que puede generar un grave problema de convivencia.

APDHA

Ante la grave y prolongada crisis social y económica que vive el país se pretende responsabilizar al colectivo inmigrante de ser una de las causas y/o agravantes de la misma. Pero la realidad nos demuestra lo contrario. Los inmigrantes sufren con más intensidad las consecuencias de la crisis: proporcionalmente registran la mayor tasa de paro, son víctimas del recorte del presupuesto destinado a su integración, carecen de redes de protección familiar y se enfrentan a condiciones más rígidas para regularizar su residencia.

Las estadísticas oficiales confirman que las personas de nacionalidad extranjera empadronadas en España suman 5.7 millones, el 12.2% de la población. Los extranjeros, con o sin papeles, que España demandó en sus épocas de bonanza y que contribuyeron al crecimiento económico en los últimos años, se convierten ahora en el chivo expiatorio del paro y de otros problemas sociales. Parece desvanecerse el irrefutable argumento de que es necesario un mayor número de trabajadores extranjeros para contribuir al crecimiento demográfico y asegurar así el mantenimiento del estado de bienestar y, especialmente, del sistema de pensiones.

Hace ya dos años comenzaron a aparecer con fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y económica. Los colectivos sociales apelamos entonces a la responsabilidad de los agentes políticos en el tratamiento del fenómeno migratorio. El contexto de crisis global que vivimos es especialmente delicado y propicio para que surjan peligrosos brotes de racismo y xenofobia.

Desgraciadamente, estos llamamientos han tenido un escaso eco. Continuamente se señala, directa o indirectamente, a la inmigración en Europa y en España como un factor agravante de la crisis. En este contexto se enmarcan las reformas legislativas que se han realizado en los últimos años, como la Directiva retorno europea, conocida como Directiva de la vergüenza, o la reciente reforma de la Ley de Extranjería española. Medidas que restringen drásticamente los derechos del colectivo inmigrante.

La criminalización de la inmigración sigue calando en el debate político y en el marco normativo. Recientemente se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas muy alarmantes, pues fomentan el rechazo social hacia nuestros conciudadanos y conciudadanas inmigrantes. Señalamos brevemente aquellas de mayor gravedad:

1. La iniciativa del ayuntamiento de Vic de no empadronar a sus vecinos y vecinas de origen inmigrante en situación administrativa irregular, afortunadamente paralizada. Este mismo ayuntamiento ha comenzado a comunicar a la policía las personas “sospechosas” de no estar regularizadas. Más recientemente el ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres ha decidido denunciar a la policía a aquellos extranjeros y extranjeras en situación irregular que se empadronen en sus municipios. El ayuntamiento de Torrejón, en Madrid, sigue empecinado en dificultar o negar el empadronamiento a personas inmigrantes en situación irregular. Los obstáculos para acceder al padrón municipal no son exclusivos de estos ayuntamientos, en otros pueblos y ciudades españolas, sin existir instrucciones formales en este sentido, proliferan las trabas burocráticas para dificultar el acceso al padrón.

La imposibilidad de empadronamiento tiene un doble efecto perverso. Por una parte, condena a miles de personas a la inexistencia jurídica y les niega la posibilidad de regularizar su situación. Por otra parte, veta el acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación. Derechos que tanto la Constitución española y el Estatuto de Catalunya como los tratados internacionales de los que España es parte reconocen con carácter universal.

Todas las normas vigentes, incluida la nueva Ley de Extranjería, reconocen el derecho a la educación y el derecho a la salud de “todo el mundo”, es decir, con total independencia de su nacionalidad y de su condición administrativa.

2. Algunos responsables del Partido Popular reclaman una nueva reforma de la Ley de extranjería que restrinja aún más los derechos fundamentales de las personas extranjeras en España.

Los colectivos sociales ya nos opusimos con firmeza a la última reforma, en vigor desde diciembre de 2009. La restricción de derechos es inversamente proporcional a una verdadera integración de todos y todas en una sociedad democrática avanzada. Cualquier propuesta que contradiga esta premisa encontrará nuestro frontal rechazo por considerarla contraria al principio de dignidad humana, en el que se sustentan los derechos humanos.

3. Distintos líderes políticos y sociales, así como opinadores mediáticos, nos recuerdan a menudo que no puede caerse en el peligro del “buenismo” al tratar las cuestiones migratorias. Sin embargo, reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las personas independientemente de su origen, así como el reconocimiento de la condición de ciudadanos y ciudadanas de nuestros vecinos y vecinas extranjeros y extranjeras no supone un cándido ejercicio caritativo de ilusos fuera de la realidad; se trata de una exigencia derivada del respeto a la dignidad humana, de la letra y el espíritu de instrumentos internacionales, vigentes y ratificados por España, y de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia.

4. Convergencia i Unió retoma su propuesta del “carné por puntos” para inmigrantes. Reiteramos que no puede haber exigencias legales específicas para extranjeros una vez se encuentren en territorio español ni sanciones agravadas por el mero hecho de ser extranjero. El carné por puntos supondría una discriminación de los ciudadanos extranjeros respecto a los ciudadanos nacionales prohibida por la legislación nacional e internacional.

Desde CiU se está reivindicando también el lema “en Catalunya no cabemos todos”, utilizado vehemente en estos días por Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Catalunya. Un ejemplo más de declaraciones que fomentan el racismo y la xenofobia.

5. Tampoco falta el recurrente discurso de vincular inmigración y delincuencia. Josep González, presidente de la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) declaró no hace mucho que “Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido”. En esta misma línea, Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular, aboga por la expulsión de personas inmigrantes que comentan delitos penados con más de seis meses de prisión.

Ante afirmaciones como éstas, deberíamos preguntarnos qué patrones éticos guían nuestra sociedad, una sociedad que no reacciona ante tales declaraciones, es más, las aprueba y aplaude.

6. Recientemente Xavier García Albiol, l

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