Hasta el momento, y a falta de un reglamento que regule las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), han sido los jueces de control de estos centros —especialmente los tres de Madrid— los que han suplido las carencias legislativas que han provocado que las normas que se aplican en cada uno sean muy distintas. El Consejo General del Poder Judicial reunió hace tres semanas a los magistrados de los nueve centros que hay en España para intercambiar experiencias, crear un foro virtual para que puedan estar en contacto, tratar de unificar criterios —de forma que el interno de Algeciras reciba un trato similar al de Madrid, por ejemplo— y hacer algunas sugerencias para el nuevo reglamento, según indica el vocal del Consejo José Manuel Gómez Benítez.

Una de estas recomendaciones incluye una de las cuestiones más controvertidas en torno a los CIE, y algo que aún no ha sido resuelto por el Ministerio del Interior: la conveniencia de que no convivan en el mismo espacio extranjeros que han delinquido con aquellos que no lo han hecho y que solo están allí por mera estancia irregular en España, por no tener papeles.

El ministerio, que está en estos momentos elaborando el reglamento, no ha decidido aún sobre esta cuestión. En principio, según señala un portavoz del ministerio, tienen la voluntad de separar a los extranjeros delincuentes de los que no lo son; pero se trata de una medida que presenta problemas arquitectónicos y de espacio, porque exigiría, por ejemplo, duplicar el número de estancias comunes, entre otras cuestiones. Es decir, haría falta una inversión económica para solventar el problema.

El esbozo de reglamento que maneja el ministerio no se pronuncia sobre este tema por el momento; es decir, el ministerio no se obliga a separar en el futuro a los extranjeros con antecedentes penales o policiales de los que no los tienen.

El ministerio sí tiene la intención, según explican desde el departamento de Jorge Fernández, de que los CIE se centren fundamentalmente en las llamadas “expulsiones cualificadas”; es decir, en las que media delito, y que los internos sobre los que solo pese la acusación de estancia irregular en España sean pocos. Pero, según señalan fuentes del departamento, el reglamento no prohibirá que se lleven a cabo este último tipo de internamientos. Se tratará, como en el caso de separar a los que hayan delinquido de los que no, más de una voluntad que de una obligación.

Los jueces acordaron otra serie de cosas que sí están ya incluidas en el esbozo de reglamento del ministerio, algunas de cuyas medidas fueron ayer adelantadas por El Periódico de Catalunya. Por ejemplo, recomendaban que la policía en el CIE se centrara en labores de seguridad y que fueran asistentes sociales los que se ocuparan de la gestión del centro. Ese punto está previsto en el borrador. El ministerio ha optado por que no sean funcionarios públicos (trabajadores sociales, por ejemplo) sino las propias ONG las que, a través de convenios con la administración central, se encarguen de la gestión interna de los CIE.

Con algunas de ellas se reunieron el miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. En principio, según indican fuentes del ministerio, se cerrará un convenio para cada uno de los nueve centros. Pero tampoco elimina la posibilidad de que alguna de las organizaciones se encargue de la gestión de varios CIE o incluso de todos. Se trata de flecos que deben aún cerrarse.